“Esta sociedad está esquizofrénica”

La jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay justificó la decisión del Supremo Tribunal de frenar la liberación de 60 menores detenidos en un instituto porteño argumentando que fue para protegerlos del gatillo fácil. “Esta sociedad es esquizofrénica. Tengo mucho miedo que en cualquier momento caigamos en linchamientos. Hay que tener en claro algo: los argentinos no queremos cumplir las normas. Estos chicos están marcados, no podemos largarlos a la calle sin averiguar qué pasa, porque si no estamos ofreciendo blancos móviles”, aseguró la magistrada. “En la Argentina, desgraciadamente, todavía no se terminó el gatillo fácil y estos chicos están marcados. Si nosotros, sin averiguar adónde pueden ir para que estén seguros, los largamos a la calle, hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte”, agregó.

La Corte revocó el martes por unanimidad un fallo de la Cámara Nacional de Casación que ordenaba la libertad de 60 chicos menores de 16 años, acusados de diferentes delitos penales, e instó al Gobierno y al Congreso a adecuar la ley sobre menores a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Argibay explicó que antes de ordenar la libertad de los menores se debe conocer en qué situación familiar y de habitabilidad se encuentran y recordó que el fallo ordena a los jueces de menores que se ocupen de ello. “No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo”, dijo la jueza y sostuvo que es un tema que “tiene que ser solucionado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo en todo caso a través de leyes”.

A propósito de estas polémicas afirmaciones de la doctora Argibay, Crítica de la Argentina relevó la opinión de jueces, legisladores, especialistas en minoridad, funcionarios y constitucionalistas.

MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉBORI, camarista porteña. “Estoy de acuerdo con el fallo y con la declaración de Argibay. Los siete juzgados de la Capital Federal alojan entre 20 y 30 chicos menores de 16 años en institutos por un término que no puede superar los 30 días. En la mayoría de los casos es necesario establecer su identidad, de dónde provienen, en qué situación se encuentra la familia, incluso qué edad tienen porque muchos de ellos no lo saben o no lo dicen, y es algo esencial para determinar qué ley se va a aplicar. Por eso es necesario tener un registro de los menores y esto se hace en estos institutos. Por el momento no hay otra solución y no se los puede tener en situación ambulatoria porque se fugan. El gran problema es que una vez que el Estado interviene, lo que correspondería sería ofrecerles posibilidades de vida diferentes, algo que en la realidad nunca sucede.”

EMILIO GARCÍA MÉNDEZ, diputado y presidente de la Fundación Sur. “¿En qué mente afiebrada cabe la idea de proteger a alguien en una cárcel? Si Argibay cree que están amenazados y justifica por peligro de vida que los pongan en una cárcel –porque la privación de libertad es una sola y el Instituto San Martín es una cárcel–, yo le pregunto: ¿qué pensaría si un juez la privara de su libertad para protegerla de su adicción al cigarrillo con el argumento de que es para proteger su vida? Creo que ella debería dedicarse a resolver conflictos de naturaleza jurídica y no problemas de naturaleza social, porque por lo menos desde la Revolución Francesa esa es la función del Poder Judicial. Además, por qué en el caso Patti la Corte hizo abstracción de la consideración social –teniendo en cuenta que es un torturador– y falló rigurosamente conforme a derecho, pero en cambio, cuando se trata de privar de libertad a adolescentes pobres, les bajan las preocupaciones sociales. Parece que la libertad de unos no vale lo mismo que la de otros.”

DAVID FUNES, director de Niñez de la provincia de Mendoza. “La visión de Carmen Argibay me parece acotada, al menos, a Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y no se aplica en Mendoza. En nuestra provincia no tenemos menores de 16 años privados de su libertad, porque tomamos la decisión política de aplicar la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, la 26.061, que supone que no se puede privar de libertad a los menores de 16 años. Y empezamos a aplicar diferentes métodos para resolver estos conflictos, como la utilización de la mediación penal juvenil, el uso de familias sustitutas, de sistemas de seguimiento no privativos de la libertad, de acompañamiento terapéutico y tratamiento de adicciones. Y funciona. Por eso estos chicos no tienen su vida amenazada al no estar en un instituto, al contrario. Es un modo diferente de resolver estos problemas porque se apunta a sistemas que suponen la recuperación de los adolescentes con problemática penal.”

MIRTA GUARINO, jueza de Menores de Moreno. “La Corte habilita a los jueces a tomar las medidas del caso, como juez uno tiene que trabajar para la libertad del chico, pero no se los puede dejar librados al gatillo fácil, la vindicta pública o los espasmódicos reclamos de seguridad de la sociedad que enseguida busca bajar la edad de imputabilidad. Hay que darles la libertad con la posibilidad de vivir dignamente, no con un tiro en la cabeza. La adecuación de las normas legales a la Convención sobre los Derechos de los Niños es un proceso largo que se consigue luego de la aprobación de leyes y medidas de estado. En materia de minoridad, la legislación es mucho más de avanzada que la realidad. Por ejemplo, para derogar el patronato había que crear un espacio de contención y de redes sociales que no están creadas. La visión progresista a ultranza no tiene asidero, porque no se puede plantear una generalización de los casos.”

GREGORIO BADENI, constitucionalista. “Estoy completamente de acuerdo con el fallo de la Corte porque se apega a la ley. Comprendo que el sistema carcelario para los menores es vergonzoso, pero la responsabilidad de esta situación es del Poder Ejecutivo y del Legislativo que no crea las condiciones necesarias para reestablecer a los menores que son recuperables. No podemos dejar a todos los menores en libertad en un momento donde la sociedad en su conjunto está reclamando mayor seguridad. La Corte tomó una decisión política, que es el arte de lo posible. Lo que dice la doctora Argibay es muy cierto, aunque ambos horizontes son negativos para los jóvenes. Ponerlos en libertad es darles la oportunidad de continuar con sus carreras delictivas y exponerlos a una muerte segura por el gatillo fácil.”

GERARDO CODINA, psicólogo. “Argibay tiene razón, sobre todo porque faltan políticas que permitan contener a estos chicos en un proyecto de vida diferente que los aleje del delito. La simple liberación no resuelve el problema, están huérfanos. Estos chicos que tienen una recurrencia en el delito son blanco fácil de la policía que no quiere recuperarlos, sino eliminarlos. En la actualidad hay un clima social proclive al gatillo fácil contra los menores en la Argentina, en este sentido la decisión de la Corte ha sido muy valiente.”

Scioli quiere la reforma penal

“No puedo decirle a la sociedad que no hay respuesta para un joven que mata, por eso es necesario modificar el Código Penal de menores con seriedad y respeto por el tema”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli. En declaraciones formuladas durante la gira que realiza por Perú, aseguró: “Lo importante es que, bajo determinados tratamientos jurídicos, el menor pueda tener la correspondiente sanción que se determina a partir de su responsabilidad, para luego tener un programa de reinserción y recuperación”. Destacó la necesidad de conocer la experiencia de otros países frente al flagelo de las drogas: “Las cocinas del paco son nuestro objetivo para terminar con este mal que afecta a tantos jóvenes y los mantiene inmersos en el delito”.